Sánchez ensalzó la ley del ‘sí es sí’ pese a conocer sus riesgos: «Feminismo para una sociedad mejor»

Moncloa era consciente de la rebaja de las penas que implicaba la Ley del sólo sí es sí, promovida por Irene Montero, pero, pese a ello, no la frenó. La norma se aprobó en el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, el 6 de julio de 2021, y salió con luz verde del Congreso el 25 de agosto de este año. En todo este tiempo, desde los inicios de su elaboración, el Ministerio de la Presidencia manejaba un informe -firmado el 16 de septiembre de 2020-que era claro sobre las menores condenas que se impondrían con esta ley. Incluso se requería a Igualdad que se aumentasen, como ha revelado en exclusiva OKDIARIO. Eso no impidió que Pedro Sánchez se jactase públicamente de la norma, enfatizando incluso que, con ella, España sería «un país más seguro». «Sólo a través del feminismo mejorarán las sociedades», reivindicó el presidente socialista el 8 de marzo de 2021, en un acto conjunto con Montero en el que anunció precisamente que el sólo sí es sí llegaría pronto al Consejo de Ministros.

Las consecuencias de esa rebaja de penas, de la que paradójicamente alertaba Moncloa, se han hecho evidentes una vez la ley ha entrado en vigor. Más de un centenar de agresores sexuales han visto reducida su condena, y muchos han sido excarcelados. Las revisiones pendientes alumbrarán nuevos beneficios para delincuentes condenados por violación, pero nadie en el Gobierno ha asumido responsabilidades políticas.

«Sólo a través del feminismo mejorarán las sociedades, los sistemas, los modos de vida», proclamaba Sánchez en el Día de la Mujer del año pasado, describiendo a su Gobierno «feminista» como «el primero que integra la perspectiva de igualdad como centro de la agenda política».

«Hagamos de nuestro país un lugar más libre y seguro para las mujeres. Con la ley del sólo sí es sí protegemos su derecho a la libertad sexual y continuamos trabajando para erradicar la violencia contra ellas. Construyamos una sociedad donde todas/os vivamos sin miedo y en igualdad», celebraba unos meses después, el mismo día de su aprobación en el Consejo de Ministros.

Sánchez se jactó en varias ocasiones de una norma de cuyos riesgos advirtió también el Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de los jueces alertó al Gobierno con claridad meridiana de que la rebaja de las penas supondría la revisión de las condenas y ello podría tener «un efecto de desprotección a las víctimas». «Feminismo para seguir construyendo un país más seguro, una sociedad mejor», decía Sánchez ya en 2020, cuando la norma estaba aún en ciernes.

Informe secreto

El informe del Ministerio de la Presidencia que Moncloa ha tratado de mantener oculto, y que ha revelado ahora OKDIARIO, fue trasladado al Ministerio de Igualdad durante la elaboración de la ley. En él, se rechazaba la menor condena para los delitos sexuales que supondría la unificación de los delitos de abuso y agresión. Así, en el documento se avisa de que «con la reforma operada» en el anteproyecto «se aplican al nuevo tipo único de agresión sexual, cuando es calificado como violación, las penas actualmente previstas, no para la agresión sexual (prisión de 6 a 12 años) sino para el abuso sexual (4 a 10 años) y las penas previstas para los tipos agravados por la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 180 quedan sustancialmente reducidas al pasar de prisión de 5 a 10 años en el caso del tipo básico, a prisión de 2 a 6 años, y de 12 a 15 para la violación agravada, a 7 a 12 años en la nueva regulación».

Antes de la reforma, la violación estaba castigada con penas de cárcel de 6 a 12 años, como recuerda Moncloa en su informe, pero, tras los cambios operados por Montero, la pena mínima se vio reducida, pasando de los 6 a los 4 años. Durante la tramitación, la pena máxima prevista inicialmente por Igualdad se elevó, quedando fijada finalmente en los 12 años.

Con la nueva ley, también cambian las penas para los casos con agravantes. Así, en el caso de la violación, como advertía Moncloa, los mínimos pasan de los 12 años de prisión a los 7. El máximo se mantuvo finalmente en 15 años. En el caso de la agresión sexual, las penas pasan de la horquilla de 5 a 10 años a otra de 2 a 8 años.

Desde Moncloa se advierte además de que «pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves».

«No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual», se concluye desde el Ministerio de la Presidencia.

Pese a los efectos de la norma, Moncloa ha evitado modificarla, reclamando a los jueces que eviten la rebaja de condenas. El Tribunal Supremo ya ha advertido de que se podrán reducir al tratarse de una norma más favorable al reo, analizando caso por caso. La ministra de Igualdad también conocedora de la rebaja de las penas, que consideró «necesaria» al aglutinar en un mismo delito el abuso y la agresión sexual, como reveló también OKDIARIO.